Imagínate que recibes una factura inesperada de 7,500 dólares en la que te dicen que tu pago lleva más de 30 días vencido y que eres responsable de él si el seguro de tu casa no lo cubre.
Ese es el susto que vivió Carla Axelrod después de que su calentador de agua tuviera una fuga en septiembre. Los expertos en seguros de Florida advierten que es el resultado de la más reciente estrategia de facturación de los contratistas de reparaciones que deja a los propietarios vulnerables a facturas sorprendentemente altas, embargos contra sus casas y demandas si las aseguradoras no pagan.
La estrategia consiste en exigir a los propietarios que firmen lo que se llama “Instrucción de Pago”, y da a los contratistas el derecho a facturar directamente a las compañías de seguros por sus servicios de reparación. Parece conveniente, pero lo que los clientes no saben es que, al firmar el documento, se comprometen a pagar cualquier parte de la factura del contratista que no pague la aseguradora, incluso si el contratista les aseguró que el trabajo estaría cubierto por su póliza.
La tendencia es la más reciente en una batalla en curso entre los contratistas y las compañías de seguros de hogar en Florida.
Antes de 2019, muchos contratistas especializados en servicios de secado de agua y techos requerían que los propietarios de viviendas firmaran lo que se llama una Cesión de Beneficios, que permitía a los contratistas asumir el derecho del titular de la póliza a demandar a una aseguradora sobre las reclamaciones. Las aseguradoras dicen que esto fomentaba los abusos.
Las demandas contra las aseguradoras se dispararon, al igual que los costos de los seguros para todos los propietarios de Florida.
Como resultado, el Estado promulgó restricciones y protecciones para los consumidores en 2019 que pretendían frenar los abusos y los desbocados costos.
Las aseguradoras sostienen ahora que los contratistas están utilizando un documento llamado Instrucción de Pago, también conocido como Autorización de Pago Directo, y contratos de autorización de trabajo para evitar el cumplimiento de las reformas.
Las aseguradoras están pidiendo a la Legislatura del Estado que extienda esas restricciones de cesión de beneficios a todos los contratos que autorizan la reparación de daños cubiertos por el seguro de propiedad.
Axelrod, una jubilada de Boca Ratón, se enteró por las malas de que ella era la responsable final de pagar una factura de 7,476 dólares a una empresa que obtuvo su firma para realizar amplios servicios de desecación después de que su viejo calentador de agua tuviera una fuga en septiembre.
Axelrod dijo que llamó a Roto-Rooter porque quería un presupuesto para un nuevo calentador de agua.
Pero un supervisor de campo de Roto-Rooter que vino a su casa le mostró las lecturas de las pruebas de humedad que, según él, demostraban que la fuga se había filtrado en sus paredes y podría conducir a la infestación de moho, un grave riesgo para la salud, dijo.
“Lo primero que me preguntó el supervisor de campo fue: ‘¿Tiene usted seguro de hogar? Le contesté que sí, y me dijo: ‘Pagarán todo excepto el calentador de agua y la instalación'”.
Le entregó una tableta electrónica y le dijo que firmara con su nombre en una casilla. Luego, le dijo que no se molestara en llamar a su compañía de seguros. “Le dijo: ‘Yo les llamaré'”.
Más tarde, esa misma noche, llegaron los trabajadores de Roto-Rooter y arrancaron las bases de azulejos de la parte inferior de las paredes en las zonas que rodean el calentador de agua. Instalaron láminas de plástico y siete máquinas para eliminar la humedad del aire y de sus paredes. No sustituyeron el calentador de agua.
Seis semanas más tarde, Axelrod recibió una factura de Roto-Rooter por 7,476 dólares, junto con una carta ominosamente redactada diciendo que su factura estaba atrasada más de 30 días y que tendría que pagarla si su aseguradora no pagaba en 30 días.
Axelrod dijo que le sorprendió el importe de la factura y pidió una factura detallada. Los servicios enumerados en la factura la dejaron con la boca abierta: La mayoría de los cargos estaban relacionados con la instalación y el uso de las máquinas de secado. Pero también había 193.44 dólares por la “manipulación de contenidos”, 18.02 dólares por la limpieza del fregadero de la cocina y 182.63 dólares por retirar la media docena de secciones arrancadas.
Le sorprendió ver cargos por un total de 304 dólares por la retirada, reajuste y limpieza de su refrigerador y lavavaplatos, algo que no recuerda que haya ocurrido.
Los voceros de Roto-Rooter entrevistados para este reportaje dijeron que los electrodomésticos debían haber sido retirados, restablecidos y limpiados cuando Axelrod no estaba presente en la cocina. “No cobramos por servicios que no prestamos”, dijo Jason Trace, director general de la oficina de la empresa en Fort Lauderdale.
Axelrod no tendrá que pagar la factura de Roto-Rooter. Después de que el South Florida Sun Sentinel se pusiera en contacto con Roto-Rooter y su aseguradora, Universal Property & Casualty, sobre su situación, un representante de Universal llamó a Axelrod y le aseguró que la factura estaría cubierta.
Y ella podrá usar un cheque de $6,200 que Universal le dio en septiembre para cubrir las reparaciones de su casa, incluyendo el reemplazo de las bases que Roto-Rooter arrancó. Axelrod dijo que temía que se viera obligada a dar ese cheque a Roto-Rooter, dejándola sin poder pagar las reparaciones.
Reformas de ‘cesión’ aumentan el riesgo de los asegurados
Hasta que se promulgaron las reformas de cesión de beneficios en 2019, Axelrod nunca hubiera visto la factura detallada que Roto-Rooter presentó a su aseguradora, al igual que los asegurados a menudo no eran notificados cuando los contratistas presentaban demandas en sus nombres.
En las audiencias legislativas estatales sobre las reformas promulgadas en 2019, los contratistas y las aseguradoras se culparon mutuamente por el aumento de los litigios y los costos. Los contratistas se quejaron de que las aseguradoras analizaban exageradamente sus facturas y normalmente ofrecían pagar solo una fracción de lo que se adeudaba.
Las aseguradoras dijeron que muchos contratistas y abogados presentaban habitualmente reclamos fraudulentos para obtener la mayor cantidad de dinero posible.
Y aunque las reformas han conseguido reducir las cesiones, los contratistas han recurrido a la Instrucción de Pago como una forma de evitar las restricciones de 2019, al tiempo que conservan la capacidad de facturar directamente a las aseguradoras, dicen las aseguradoras.
Los consumidores quedan con menos protecciones
Como resultado, los consumidores que firman contratos de Instrucción a Pagar pierden las protecciones incorporadas en las reformas de 2019, incluyendo la inmunidad de ser demandado por los contratistas y el derecho a recibir un presupuesto detallado.
Axelrod dijo que no habría autorizado a Roto-Rooter a prestar servicios de secado tan extensos si hubiera sabido de antemano lo que la empresa planeaba hacer.
Bajo los contratos de Instrucción de Pago, los clientes solo tienen tres días para cancelar los acuerdos de trabajo. Las reformas de la Cesión de Beneficios permiten 14 días para cancelar.
El contrato de Axelrod con Roto-Rooter incluye una cláusula en que renuncia a cualquier derecho de cancelación.
Además, las reformas de la Cesión de Beneficios prohíben a los contratistas intentar cobrar a los clientes el dinero no pagado por las aseguradoras, incluso presentando embargos contra sus casas o demandándoles en los tribunales. Estas restricciones no existen en un acuerdo de Instrucción de Pago.
Otras lagunas que no se abordan en las reformas de 2019 ponen en riesgo a los asegurados, dicen las aseguradoras.
Locke Burt, presidente y director general de la firma Security First Insurance, con sede en Ormond Beach, dice que los consumidores que firman contratos de Instrucción de Pago están en efecto “firmando un cheque en blanco” a los contratistas, dijo.
Los contratistas “pueden asignar el trabajo a otra persona sin permiso. Pueden quedarse con la diferencia (de pago) si asignan el trabajo a otra persona”, dijo Burt.
El mayor problema, según Paul Handerhan, presidente de la Federal Association for Insurance Reform, centrada en el consumidor, es la “falta de divulgación del alcance del trabajo” y de lo que costará.
En un correo electrónico, Tasha Carter, Defensora del Consumidor de Seguros del estado, dijo que ha hablado con numerosos consumidores que quedaron desprotegidos tras firmar acuerdos de Instrucción de Pago. Algunos permiten que los contratistas cobren tarifas a los consumidores que rescinden sus contratos, dijo.
Aunque los contratos declaran que los consumidores no ceden los beneficios de sus pólizas de seguro, funcionan de manera muy similar, permitiendo que “un contratista ejerza el control sobre la reclamación de seguro de un consumidor, a menudo en detrimento del consumidor”, dijo.
Carter pide a la legislatura que amplíe las protecciones al consumidor promulgadas para la cesión de prestaciones a los acuerdos de instrucción de pago y contratos relacionados durante la próxima sesión que comienza en enero. Su propuesta incluye el requisito de que las aseguradoras envíen los pagos directamente al titular de la póliza y no al contratista.
“Los titulares de las pólizas pueden no ser conscientes de que se han emitido los pagos, del importe de los mismos y de que el cesionario/contratista puede tomar el dinero y no completar nunca el trabajo”, escribió.
Jeff Johnston, miembro del grupo cabildero de la Restoration Association of Florida, una asociación comercial, dijo que los contratistas que no cobran necesitan el derecho legal de perseguir a los titulares de las pólizas.
Algunos consumidores (no la mayoría) guardarán sus cheques del seguro después de recibirlos y se reirán cuando los contratistas amenacen con presentar un embargo, dijo. “No puedo cobrar ese embargo a menos que vendan la casa, y a veces hay 18 embargos por encima del mío”, dijo. “Como mínimo, las aseguradoras deberían estar obligadas a poner los nombres de los contratistas en los cheques”.
Los cálculos detallados de los costos, dijo, no siempre son factibles cuando los propietarios de las viviendas se enfrentan a graves inundaciones y filtraciones que deben solucionarse inmediatamente.
Aunque algunas reformas podrían ser necesarias, en última instancia es responsabilidad de las compañías de seguros evaluar las facturas de los contratistas, dijo.
“En cambio, la primera respuesta del sector de los seguros es siempre: ‘Vamos a promulgar más leyes'”, dijo.
Queda por ver si la Asamblea Legislativa abordará el tema el año próximo. Funcionarios del sector de los seguros dicen que perciben la reticencia de los legisladores a abordar nuevos temas después de haber promulgado importantes reformas en dos de los últimos tres años.
